Aprobados los juicios acelerados contra los okupas - Se excluye a los inquilinos okupas

El Congreso aprueba agilizar los procesos por robo en viviendas, pero deja fuera los casos de alquiler civil

El Congreso de los Diputados aprobó el 14 de noviembre una reforma legislativa que agiliza la tramitación de los casos de ocupación ilegal de viviendas. La nueva Ley de Eficacia Judicial permite que delitos como el allanamiento de morada y el robo con fuerza en domicilios se tramiten por la vía rápida. El plazo de tramitación: un máximo de 15 días.

¿Qué cambiará?

Si se detiene al okupa, debe fijarse una vista en un plazo de 72 horas. Si el caso pasa a juicio oral, debe celebrarse en un plazo de 15 días, con sentencia en los 3 días siguientes.

El objetivo de la medida: aliviar a los propietarios y acelerar la retirada de los inmuebles ocupados ilegalmente.

Críticas a la ley: se excluye a los inquilinos okupas

Aunque este cambio se considera un gran avance para muchos propietarios, la ley sólo se aplica a los casos penales (allanamiento de morada y robo).

Los inquilinos okupas -también conocidos como inquiokupas- no están cubiertos. Se trata de inquilinos que se niegan a seguir pagando tras abonar el primer mes de alquiler y la fianza, pero siguen viviendo en la vivienda. Legalmente, entran en el ámbito del derecho civil, por lo que el desahucio puede tardar de meses a años.

"Para estos casos, los procedimientos siguen siendo lentos, con una media de tramitación de 18 a 24 meses", afirma Jesús Manuel Martínez Caja, asesor jurídico de AMADEI.

Práctica compleja entre residentes vulnerables

Según José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), el desahucio se retrasa en el caso de ocupantes vulnerables. En estos casos, primero tienen que intervenir los servicios sociales, lo que limita la rapidez del procedimiento.

¿Soluciones extrajudiciales?

La Agencia Negociadora del Alquiler aboga por reformas administrativas que complementen la nueva ley. Entre las propuestas:

• Registro público de alquileres: Permite una identificación más rápida de los contratos no válidos.

• Desahucio rápido sin intervención judicial de los contratos no registrados o falsos.

Esto podría disuadir del fraude y la ocupación mediante contratos falsos.

Confusión política y secuela en el Senado

Un momento destacado de la votación fue el apoyo involuntario de Bildu, que más tarde indicó que se había equivocado. A pesar de estas reservas, la propuesta fue aprobada y ahora pasa al Senado, donde la mayoría conservadora del PP hace improbables las enmiendas.

Conclusión

Acelerar las demandas contra los okupas es un paso adelante, pero no una solución completa. La ley actual excluye a los inquilinos okupas y no ofrece protección suficiente contra el fraude mediante falsos contratos de arrendamiento. Sin reformas adicionales -como herramientas administrativas y una mejor prevención-, el riesgo de ocupaciones de larga duración persiste.